Residuos industriales

Esta sección necesita ser ampliada con: Panorama de las prácticas de gestión de residuos a nivel mundial. Puedes ayudar añadiendo. (Enero 2021)

TailandiaEditar

Artículo principal: Gestión de residuos industriales en Tailandia

En Tailandia las funciones en la gestión de residuos sólidos municipales (RSU) y la gestión de residuos industriales están organizadas por el Gobierno Real de Tailandia, que se organiza como gobierno central (nacional), gobierno regional y gobierno local. Cada gobierno es responsable de diferentes tareas. El gobierno central es responsable de estimular la regulación, las políticas y las normas. Los gobiernos regionales se encargan de coordinar a los gobiernos centrales y locales. Los gobiernos locales son responsables de la gestión de residuos en su área de gobierno. Sin embargo, los gobiernos locales no eliminan los residuos por sí mismos, sino que contratan a empresas privadas a las que el Departamento de Control de la Contaminación (PCD) de Tailandia ha concedido el derecho. Las principales empresas son Bangpoo Industrial Waste Management Center, General Environmental Conservation Public Company Limited (GENCO), SGS Thailand, Waste Management Siam LTD (WMS) y Better World Green Public Company Limited (BWG). Estas empresas son responsables de los residuos que han recibido de sus clientes antes de liberarlos al medio ambiente, enterrándolos.

Estados UnidosEditar

Artículo principal: Política de residuos sólidos en Estados Unidos

La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de 1976 establece la regulación federal de los residuos sólidos en Estados Unidos. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) ha emitido una normativa nacional sobre la manipulación, el tratamiento y la eliminación de los residuos. La EPA ha autorizado a las agencias medioambientales de cada estado a aplicar y hacer cumplir la normativa de la RCRA a través de programas de gestión de residuos aprobados.

El cumplimiento de la normativa por parte de los estados se supervisa mediante inspecciones de la EPA. En el caso de que no se cumplan las normas de las directrices de gestión de residuos, se tomarán medidas contra el emplazamiento. Los errores de cumplimiento pueden corregirse mediante la limpieza forzosa directamente por el centro responsable de los residuos o por un tercero contratado por dicho centro. Antes de la promulgación de la Ley de Aguas Limpias (1972) y de la RCRA, el vertido a cielo abierto o la descarga de aguas residuales en masas de agua cercanas eran métodos habituales de eliminación de residuos. Los efectos negativos sobre la salud humana y la salud ambiental llevaron a la necesidad de estas regulaciones. El marco de la RCRA establece subsecciones específicas que definen los materiales de desecho no peligrosos y peligrosos y cómo debe gestionarse y eliminarse cada uno de ellos adecuadamente. Las directrices para la eliminación de residuos sólidos no peligrosos incluyen la prohibición del vertido a cielo abierto. Los residuos peligrosos se controlan de la «cuna a la tumba»; se sigue cada paso del proceso de generación, transporte y eliminación de residuos. La EPA gestiona actualmente 2,96 millones de toneladas de residuos sólidos, peligrosos e industriales. Desde su creación, el programa RCRA ha sufrido reformas a medida que surgen ineficiencias y evolucionan los procesos de gestión de residuos.

La Ley de Aguas Limpias de 1972 es un amplio mandato legislativo para proteger las aguas superficiales (ríos, lagos y masas de agua costeras). Una ley de 1948 había autorizado la investigación y el desarrollo de normas voluntarias sobre el agua, y había proporcionado una financiación limitada a los esfuerzos de los gobiernos estatales y locales. La ley de 1972 prohibió, por primera vez, los vertidos incontrolados de residuos industriales, así como de aguas residuales municipales, en las aguas de Estados Unidos. La EPA debía elaborar normas nacionales para las instalaciones industriales y normas para las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales. Los estados debían elaborar normas de calidad del agua para las distintas masas de agua. La aplicación de la ley se delegó principalmente en los organismos estatales. En 1977 y 1987 se aprobaron importantes modificaciones de la ley.

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