IncidentesEditar
En 1979, el pozo petrolero exploratorio Ixtoc I de Pemex en la Bahía de Campeche sufrió un reventón que provocó uno de los mayores derrames de petróleo de la historia. Pemex gastó 100 millones de dólares para limpiar el derrame y evitó la mayoría de las reclamaciones de indemnización haciendo valer su inmunidad soberana como empresa estatal.
Pemex fue culpada de una serie de explosiones de gas en Guadalajara.
El 19 de septiembre de 2012 una explosión en la planta de gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, causó 30 muertos y 46 heridos. El director de Pemex, Juan José Suárez, dijo que no había «evidencia de que fuera un incidente deliberado, o algún tipo de ataque».
El 31 de enero de 2013 se produjo una explosión en las oficinas administrativas de Pemex en la Ciudad de México. Al menos 37 personas murieron y al menos 126 resultaron heridas. La causa no ha sido confirmada. Los medios locales informaron que la maquinaria explotó en el sótano de un centro administrativo contiguo a la torre de Pemex de 52 pisos.
El 1 de abril de 2015, se produjo un incendio en la plataforma Abkatun A en el sur del Golfo de México en el que murieron 4 trabajadores.
El 20 de abril de 2016, una gran explosión e incendio en la planta de Clorado 3 de la empresa en Coatzacoalcos mató al menos a 28 personas.
El 24 de septiembre de 2016, se produjo un incendio en el petrolero «Burgos», frente a las costas de Boca del Río, Veracruz, que obligó a evacuar a toda la tripulación (31 miembros) de forma segura. El petrolero transportaba 80 mil barriles de diésel y 70 mil barriles de gasolina.
El 18 de enero de 2019 se produjo una explosión en un ducto que pasaba por el pueblo de Tlauhuelilpan Hidalgo matando al menos a 137 personas. Varios cientos de personas se reunían alrededor de un drenaje ilegal de la tubería con el fin de obtener combustible. Las imágenes del suceso muestran a personas recogiendo combustible con cubos y pequeños recipientes de una cascada de gasolina. Las fuerzas militares y policiales estuvieron presentes en el acto durante varias horas antes de la explosión, pero no pudieron impedir que la gente robara combustible. El oleoducto no se cerró a tiempo incluso después de que se informara de la fuga de combustible.
ControversiasEditar
En 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que algunas refinerías estadounidenses habían comprado millones de dólares de petróleo robado de los oleoductos del gobierno mexicano. Los delincuentes, especialmente las bandas de narcotraficantes, aprovechan oleoductos remotos y a veces construyen sus propios oleoductos para desviar cientos de millones de dólares de petróleo cada año. Un ejecutivo petrolero ha sido acusado y se ha declarado culpable de cargos de conspiración. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos devolverá 2,4 millones de dólares a la administración tributaria de México, el primer dinero incautado durante una investigación binacional sobre el contrabando de petróleo que las autoridades esperan que conduzca a más detenciones e incautaciones. En 2010, el ex presidente de Trammo Petroleum, con sede en Houston, fue condenado a tres años de libertad condicional y a pagar una multa de 10.000 dólares tras declararse culpable de conspiración para recibir bienes robados.
Desde hace más de una década existen diversas acusaciones de corrupción en Pemex. Éstas abarcan desde contribuciones políticas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) (más de 200 millones de dólares), trabajos «sin presentación» -personas que reciben un salario sin realizar ninguna tarea-, diversas formas de fraude, malversación de fondos e incluso ventas de combustible por debajo de la mesa. Se ha calculado que estas diversas formas de corrupción contribuyen a la pérdida de más de 1.000 millones de dólares al año.
Pemex tiene un largo historial de presuntas violaciones de los derechos humanos y laborales en relación con los ingenieros, considerados injustamente como «trabajadores de confianza», que han tratado de sindicalizarse desde 1995 y lograron, tras varios episodios de represión, hacerlo en 2008 y 2009, aunque con un alto coste humano. Esto incluyó la muerte de una persona a la que se le negó el servicio médico en uno de los hospitales de Pemex porque su hijo acababa de ser despedido por pertenecer a este sindicato, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas (abreviado UNTyPP). También obligó a los miembros del sindicato a renunciar a él desde sus camas en los hospitales, como ocurrió con tres enfermos de cáncer en 2009. Hasta la fecha y a pesar de la presión del Congreso mexicano, de la Organización Internacional del Trabajo, del Pacto Mundial, de la Unión Industrial Global y de miles de ciudadanos de todo el mundo, los trabajadores despedidos en 2002, 2004, 2008, 2009, 2010 y 2011 no han sido todos reinstalados ni ha habido ninguna otra reparación. Pemex nunca ha reconocido estas violaciones a los derechos humanos.
El 10 de noviembre de 2019, la institución sufrió un ciberataque y sus computadoras fueron infectadas con el ransomware DoppelPaymer.
Investigación por corrupción de Odebrecht a EPN y al ex director de Pemex Emilio Lozoya AustinEdit
Una gasolinera de Pemex en Rancho Salvador Sol Torres, Jalisco, México.
Odebrecht es un conglomerado brasileño que al igual que Pemex también opera en el ámbito del petróleo. Ya en 2010-2012, Emilio Lozoya Austin formó parte del equipo del PRI que apoyó a Enrique Peña Nieto (EPN) en su campaña presidencial. Una vez que EPN ganó las elecciones, Lozoya fue promovido a director de Pemex, función en la que se desempeñó durante la mayor parte de la presidencia de EPN. En 2017, el periódico brasileño O Globo afirmó que Odebrecht ayudó a financiar la campaña presidencial de EPN, mediante la entrega de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya como soborno en momentos cercanos a las elecciones de 2012. Poco después de que EPN ganara las elecciones en 2012, Lozoya se convirtió en director de Pemex y Odebrecht «ganó» enormes contratos de Pemex y del gobierno mexicano.
La noticia de la polémica salió a la luz en 2017, revelando que Lozoya compró una casa de 38 millones de dólares con un solo pago incluso antes de ser nombrado director de Pemex. Dicha casa no se ajustaba a su salario en ese momento. En octubre de 2017, se confirmó por parte de Presidencia que el propio EPN también se reunió con Odebrecht en cuatro ocasiones durante su campaña presidencial. Esto vinculó directamente a EPN en el escándalo, aunque éste afirmó no haber recibido ningún soborno. Un documento de Brasil informó que Lozoya recibió 5 millones de dólares en noviembre de 2014.
Santiago Nieto, a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), oficina encargada de investigar los delitos electorales, fue polémicamente despedido poco después de que comenzara el escándalo de Odebrecht. Se dijo que recibía demasiadas presiones de EPN y de Lozoya para detener la investigación. El despido fue criticado por la esposa del ex presidente Felipe Calderón y candidata presidencial independiente en 2018, Margarita Zavala.
El presidente EPN dijo que la suerte de la restitución de Santiago dependía del Senado mexicano. La organización Borde Político había publicado semanas atrás que 116 de los 128 senadores mexicanos eran incompetentes.